El gobierno de Milei y Bullrich modificó el estatuto de la Policía Federal Argentina a través del Decreto 383/2025. Lo hizo sin pasar por el Congreso, sin debate y sin control. Ahora, la Policía Federal tiene poderes extraordinarios en nombre de una supuesta “seguridad nacional”
*Puede detener y requisar personas, vehículos y pertenencias sin orden judicial: Esto implica que cualquier persona puede ser registrada o demorada en la vía pública o en espacios de acceso público, simplemente por decisión voluntaria de las fuerzas de seguridad. Se “legaliza” así la suspensión de garantías básicas, como la presunción de inocencia, la necesidad de una causa fundada o el control judicial previo, abriendo la puerta a abusos, arbitrariedad y criminalización de la protesta.
Hacer ciberpatrullaje masivo y espiar redes sociales:
- Normaliza la vigilancia sobre el discurso, la protesta y la organización, bajo la excusa de “prevención del delito”.
- Habilita la criminalización anticipada de personas u organizaciones, simplemente por expresarse en redes.
- Puede generar miedo y autocensura, especialmente entre activistas y comunicadorxs
- Pasa por encima de la justicia, porque las fuerzas de seguridad deciden qué mirar, cómo interpretarlo y cuándo actuar.
¿Qué nos quieren decir?
- Deja claro que el gobierno construye enemigos internos entre la población, en lugar de garantizar derechos.
- Muestra un modelo de seguridad basado en el control del pensamiento y la opinión, no en la justicia.
- Instala un nuevo tipo de represión: silenciosa, digital y constante.
Esgrimir armas ostensiblemente en operativos. Es decir, pueden sacar las armas y exhibirlas para intimidar, disuadir o marcar presencia, aunque no haya una situación que justifique su uso.
Esto simboliza:
- Naturalizar la presencia armada en el espacio público, como forma de control social.
- Intimidar a quienes se manifiestan o circulan, especialmente en barrios populares o protestas.
- Romper con normas internacionales, que exigen que el uso de armas sea el último recurso y proporcional a una amenaza concreta.
ESTO NO ES SEGURIDAD. Es control social preventivo y criminalización de la protesta.
Organismos de Derechos Humanos ya alertan: estas reformas abren la puerta a más detenciones arbitrarias, represión a manifestaciones y vigilancia de organizaciones sociales y ambientales.
Desde PUCARÁ, lo decimos con claridad: mientras defendemos el agua, la vida y los territorios, el gobierno despliega un modelo policial para proteger sus propios intereses políticos, intereses extractivos y silenciar la resistencia.
NO al estado policial.
NO a la militarización de la democracia.
SÍ a la organización colectiva, a la verdadera libertad y a la vida.
