Catamarca: Una Corte de Justicia por el pueblo y el agua o una Corte de (in)Justicia para Jalil y las empresas

La provincia se encuentra ante una verdadera  oportunidad de hacer historia y es importante darle valor a cada una de esas palabras: Oportunidad e Historia.

¿En qué consiste? ¿Qué se pone en riesgo? ¿Para quiénes y por qué?

 

Una Decisión histórica

Por primera vez, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, tiene la oportunidad de sentar un precedente. No solo jurídico, sino político y social, con una decisión y una posibilidad real de cambiar la historia de la minería en Catamarca.  Nos referimos al fallo judicial que se inició por un pedido de amparo de la Comunidad indígena Atacameños del Altiplano en el año 2020, y que hoy tiene vigente una medida que impide otorgar nuevos permisos de extracción de agua dulce del Río Los Patos en Antofagasta de la Sierra.

La situación clara y de consecuencias profundas. Elegir entre el agua -fuente de vida y derecho de todos los catamarqueños- o la expansión ilimitada de empresas mineras extractivistas, no debería estar en discusión, sin embargo, acá estamos. Esta decisión de la Suprema Corte no solo define el destino del río Los Patos y de Antofagasta de la Sierra: pone en cuestión el modelo social, político y económico de  nuestra provincia.

El caso Antofagasta.

Un breve repaso de los hechos: Desde 1997 la empresa estadounidense Livent (ahora Río Tinto) explota litio en el Salar del Hombre Muerto. Producto de esa explotación secó su principal y más inmediata fuente de agua, el río Trapiche. En 2017 la multinacional solicitó autorización para la construcción de un acueducto de 30 km que lleva agua dulce del Río Los Patos a su planta de extracción en el salar. La construcción de este acueducto puso en alerta a los pobladores de Antofagasta y también al cacique Roman Guitian, ya que implicaba la destrucción de su casa, su hacienda, su vega y una inminente reubicación.

En esos mismos años, entre 2015 y 2025, se produjo lo que conocemos como el “boom del litio” y se instalan a gran velocidad 13 empresas -en diferentes etapas- para explotar litio en el salar. Galaxy y Posco son algunos de los proyectos más avanzados. Estas multinacionales necesitan grandes cantidades de agua para la extracción de litio, agua que, en gran parte solo se puede extraer del río Los Patos. Esto agravó el conflicto ya existente y motivó las presentaciones judiciales del Cacique Guitian y la Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano, acompañados por expertos, ONGs y Asambleas socioambientales de la provincia.

En este contexto interviene la Corte y expide el fallo que dejaba expuesto al Gobierno de Raúl Jalil, en el cual se señala la mala praxis y la ausencia de todos los controles ambientales en la zona de Antofagasta y específicamente en torno al uso y disponibilidad de agua. Por lo tanto, la Corte decidía frenar los permisos de extracción de agua hasta tener en claro cuál será el impacto ambiental acumulado e integrado que produciría la explotación de todos los proyectos funcionando a la vez sobre una misma cuenca hídrica .

Acumulativo e integral, las claves del análisis. 

El Informe de Impacto ambiental solicitado por la Suprema Corte tiene dos características esenciales, tiene que ser “acumulativo” e “integrado”. ¿Qué significa esto?

Acumulativo significa que, como todos los proyectos de litio extraen agua de una misma fuente, es decir de un mismo río, no se pueden medir por separado los impactos sobre ese río.

El informe acumulativo, no es simplemente “la suma” del impacto de cada proyecto de litio. No es una cuenta matemática, de esa manera no funciona el ambiente.  Se trata de un informe técnico que tiene que tener un monitoreo mínimo de al menos 2 años, lo que  se conoce como una Línea de Base (la que hoy no existe) y, a partir de esa base, se miden y proyectan los impactos contrastando información confiable y científica. Esto es realmente difícil, en primer lugar, porque esa información que necesita el seguimiento de años no existe, ni el gobierno ni las empresas la han producido. Si no, no tendríamos la situación actual del río Trapiche. En segundo lugar, es difícil medir ese impacto, porque hace 15 años que el gobierno no se ocupa de evaluarlo, por lo tanto, no hay trabajo previo sobre el cual comparar. Finalmente, con un antecedente tan cercano y drástico como el del río Trapiche, la conversación tendría que partir de un piso mínimo de extracción de agua para remediar y mitigar cualquier posible daño a futuro, antes que promover una multiplicación de proyectos. No hay dudas que en países con transparencia en estos procesos, ese sería el punto de partida mínimo.

Lo segundo, el carácter “integrado”, señala que el salar y el río, como elementos fundamentales de esa zona, están integrados a todo un ecosistema propio de la región. Ese río también es parte de la vida humana y de la naturaleza. Resguarda la vida de flamencos, truchas, llamas, vicuñas y es parte, por supuesto, de la vida cultural y económica de los antofagasteños. Por lo tanto, cuando se mide el impacto de la extracción, hay que proyectar ese impacto a todas las otras conexiones que integran el Salar: humedales con cuencas, ríos, montañas, lagunas, vegas, pastizales y bofedales.

Se trata de estudios interdisciplinarios de alta complejidad, que requieren de gran cantidad y de diferentes especialistas, y que se realizan con un marco temporal amplio.

Estamos hablando de un informe que no se acomoda a los tiempos de las empresas y que la Corte tiene que evaluar muy detenidamente, tomándose todo el tiempo que sea necesario. Lo que está en riesgo es el bien más vital para la región: el agua que sostendrá la vida en los próximos 30 años.

¿Qué se pone en riesgo con el fallo final de la Corte Suprema de Justicia de Catamarca?

Finalmente, lo esencial del fallo de la Corte es que puso de relieve lo que todo el mundo sabe en Catamarca y que el gobierno siempre quiso ocultar, como cuando se quiere tapar el sol con la mano. En 30 años de extracción de Litio en Antofagasta de la Sierra, las empresas hicieron lo que quisieron sin control de ningún tipo. Secaron ríos, desalojaron familias, destruyeron flora y fauna, no se preocuparon en lo más mínimo por el agua, los ríos y el ambiente. Y con toda sinceridad, eso no va a cambiar. A las empresas no les importa, ni tiene por qué importarles el futuro de Catamarca. Esa preocupación corresponde a nuestro gobierno. Y en estos 30 años, el modelo de minería de Catamarca ha sido, objetivamente, un modelo de devastación. No hay un área que no tenga conflictos. Conflicto con la mano de obra local, conflicto con los fideicomisos, conflicto con escuelas locales, conflicto con municipios, conflicto con el turismo, conflicto con las regalías, conflictos ambientales, conflictos internacionales por subfacturación y estafas, conflictos por territorios, conflictos por abuso y acoso de mujeres en los campamentos, conflictos por maltrato laboral, y la lista sigue. El modelo es realmente un fracaso de 30 años, en lo social, lo económico y lo ambiental.

¿Qué es entonces lo que se juega en este fallo?

Lo que está en juego es el futuro del modelo minero en Catamarca. Si la Suprema Corte no actúa con responsabilidad, y decide aceptar el informe recientemente presentado por el Gobierno -un documento falso, que no cumple con lo ordenado por la propia Corte de Justicia-  entonces nos perdemos la oportunidad histórica de que el pueblo de Catamarca le diga “basta” a las empresas. Basta de hacer lo que quieren, basta de violar las leyes, basta de contaminar y robar sin que haya ningún castigo, basta de autoritarismo, basta de pobreza para nosotros y riqueza solo para ellos.

No es solo el río Los Patos, el fallo de la Corte tiene que ser ejemplar, histórico: el agua es para el futuro de los catamarqueños, el agua es para Antofagasta, el agua es para los animales y los seres humanos, el agua no es para la riqueza extranjera.

Por eso es una oportunidad histórica. Por eso es importante que la Corte defienda a Catamarca, que falle a favor de la Comunidad indígena que cuida el agua y el río los Patos. Si la Justicia falla a favor de las empresas, si se deja avasallar por las empresas y el gobierno, entonces, los 30 años del fracasado modelo minero van a salir impunes. Van a tener la prueba de que ni la Suprema Corte de Justicia les puede poner un freno. Ese sería un mensaje catastrófico para todos nosotros.

Esperamos que la Corte Suprema de Justicia de Catamarca esté a la altura histórica de lo que conlleva esta decisión.

Asamblea PUCARA. Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación.

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