Los humedales de altura —vegas, bofedales y lagunas altoandinas— son aliados silenciosos en la lucha contra el cambio climático. Su valor no solo radica en la biodiversidad que alojan, sino en su capacidad para capturar carbono atmosférico y almacenarlo por siglos bajo condiciones de anegamiento y escaso oxígeno. Así, estas formaciones naturales actúan como sumideros de carbono de largo plazo, impidiendo que toneladas de dióxido de carbono regresen a la atmósfera. Sin embargo, su rol climático es aún poco conocido y, por lo tanto, poco protegido.
En Catamarca, ecosistemas de este tipo se extienden especialmente en los departamentos de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta, conformando el sistema de Lagunas Altoandinas y Puneñas. Algunas de ellas han sido reconocidas como sitios Ramsar, de importancia internacional. Estos territorios son estratégicos no solo por su riqueza biológica y cultural, sino también por su capacidad de regulación hídrica en zonas extremadamente áridas, donde el agua es un bien cada vez más escaso.
A pesar de su valor ambiental y social, la presión extractiva sobre estos humedales no se detiene. La expansión de la minería de litio representa una amenaza concreta y creciente. Cuando estos ecosistemas se degradan, el carbono que almacenan se libera como dióxido de carbono o metano, dos potentes gases de efecto invernadero. En este contexto, Catamarca concentra casos emblemáticos donde esta tensión entre preservación y explotación ya es evidente.
Antofagasta de la Sierra: un fallo pendiente entre el agua y el litio
En el corazón de Antofagasta de la Sierra se encuentra el Salar del Hombre Muerto. Allí, desde 1997, la empresa estadounidense Livent —hoy bajo el control de la multinacional Río Tinto— opera allí extrayendo litio a través de evaporación solar, un método que requiere enormes volúmenes de agua dulce. Uno de los primeros ríos afectados por esta actividad fue la vega Trapiche, cuya desaparición se vincula directamente al uso intensivo del recurso por parte de la empresa.
En 2017, ante la llegada de nuevas compañías (más de 13 proyectos en distintas fases, como Galaxy y Posco), Livent solicitó construir un acueducto para derivar agua del río Los Patos, una de las últimas fuentes activas de la región. La iniciativa provocó una fuerte reacción de la Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano, que presentó un amparo con el acompañamiento de organizaciones socioambientales y expertos técnicos. La causa llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de Catamarca, que en 2020 dictó una medida cautelar para frenar nuevas extracciones de agua en la zona.
El punto central del fallo fue la exigencia de realizar un estudio de impacto ambiental acumulativo e integrado. Es decir, no evaluar los proyectos por separado, sino como parte de una misma cuenca y ecosistema interdependiente. También se solicitó una línea de base con al menos dos años de monitoreo ambiental. A día de hoy, ni el gobierno provincial ni las empresas involucradas han cumplido con esta obligación de manera adecuada. El informe presentado por el Ejecutivo ha sido cuestionado por su baja calidad técnica y por no cumplir con los estándares exigidos.
La falta de información confiable impide dimensionar con precisión el impacto acumulado en la cuenca del Salar del Hombre Muerto. Sin esos datos, autorizar nuevas extracciones pone en riesgo no solo la disponibilidad de agua, sino la estabilidad ecológica de un sistema que cumple un rol clave en la captura de carbono. El río Los Patos alimenta vegas, bofedales y lagunas que forman parte de una red hidrológica frágil, cuya alteración contribuye al agravamiento de la crisis climática.
El fallo de la Corte aún espera una resolución definitiva. Su desenlace marcará un antecedente clave en la gestión de recursos hídricos en Catamarca y en la posibilidad —o no— de alinear la política ambiental con los compromisos climáticos asumidos por el país. El modelo minero vigente desde hace más de tres décadas ha dejado una estela de conflictos sociales, ambientales y económicos. Este podría ser el momento de abrir un nuevo capítulo.
Fiambalá: extractivismo, precarización y violencia territorial
En el departamento Tinogasta, la localidad de Fiambalá enfrenta otro proceso de transformación radical. Allí se encuentra el proyecto Tres Quebradas, operado por la empresa china Zijin Mining (ex Liex), emplazado dentro de un humedal reconocido como sitio Ramsar. Pese a la supuesta protección internacional, la explotación minera avanza sin restricciones significativas. Desde 2021, la empresa ha perforado más de 100 pozos y extrae alrededor de 450.000 litros de agua por hora, de acuerdo con datos brindados en audiencias públicas. Esa cantidad equivale al consumo hídrico total de la población local por año.
Más allá del daño ambiental, el proyecto ha tenido un fuerte impacto en la vida social del pueblo. Lejos de generar desarrollo sostenido, introdujo un modelo de empleo precario, masculinizado y altamente rotativo. Testimonios recogidos por el Colectivo de Ecología Política del Sur (UNCA/IRES) advierten sobre el deterioro del entramado social, el debilitamiento de la economía local y la pérdida de identidad comunitaria. Esta dimensión del extractivismo —profundamente territorial y cultural— suele quedar fuera del debate público, pero deja huellas estructurales de largo plazo.
Desde el enfoque climático, la situación también es crítica. La pérdida de humedales y vegas supone la liberación de carbono almacenado y una alteración del delicado equilibrio hídrico regional. En un escenario de sequía, aumento de temperaturas y estrés hídrico creciente, seguir ampliando la frontera extractiva en zonas altoandinas contradice los compromisos asumidos históricamente por Argentina en materia de cambio climático.
A la falta de estudios ambientales serios se suma la opacidad en los contratos de cesión de tierras y el debilitamiento de los controles estatales. Todo esto revela un modelo de desarrollo que prioriza la rentabilidad de las empresas por sobre el cuidado de los bienes comunes y el equilibrio ecológico.
Instituciones Financieras Internacionales: el poder detrás del litio
Además del papel directo de las empresas transnacionales, es necesario señalar la participación activa de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) en la consolidación del modelo extractivo en Catamarca. Organismos como el Banco Mundial, a través de su brazo privado la Corporación Financiera Internacional (IFC), han financiado o facilitado el financiamiento para proyectos de litio en la región, bajo el argumento de promover la transición energética global. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por su parte, ha apoyado infraestructura vinculada a la expansión minera, como caminos, energía y logística, que viabilizan la operación en territorios remotos.
Estos organismos operan con fondos públicos de países del norte global, y sin embargo, sus inversiones suelen responder a las exigencias del capital privado antes que a los derechos de las poblaciones locales o la protección ambiental. Lejos de garantizar desarrollo o sostenibilidad, lo que muchas veces promueven es la profundización de una matriz económica basada en la extracción de materias primas, con alta concentración de ganancias y bajos niveles de redistribución. Su participación legitima un modelo de despojo que, además de degradar humedales clave para la mitigación climática, reproduce desigualdades históricas.
El litio en Catamarca, por tanto, no es solo una cuestión de empresas y gobiernos provinciales: es también una manifestación concreta de cómo el sistema financiero internacional se articula para sostener un modelo que prioriza la rentabilidad a corto plazo por sobre el cuidado del planeta y los derechos de los pueblos. Comprender y visibilizar este entramado es indispensable para construir alternativas desde una verdadera justicia climática y territorial.
Cuando el negocio se impone al clima
Como documenta el informe de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Empower, las decisiones vinculadas a la explotación del litio en Argentina —y en Catamarca en particular— están orientadas principalmente por intereses financieros y comerciales globales, más que por una planificación estratégica anclada en criterios socioambientales o de justicia climática. Según el documento, la producción local de litio “se concentra en la extracción primaria y su exportación en estado bruto (carbonato o hidróxido de litio), con escasa o nula generación de valor agregado en el país, y sin una planificación estratégica nacional que oriente el desarrollo del sector” (p. 12). Lo que se presenta como transición energética se traduce, en los hechos, en una profundización del modelo extractivo.
En Catamarca, los proyectos de litio se benefician de marcos regulatorios como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que otorga exenciones impositivas, cambiarias y aduaneras a capitales extranjeros. Este régimen fue recientemente aplicado a la empresa Galan Lithium, con una inversión aprobada de 217 millones de dólares para operar en el Salar del Hombre Muerto, sin requerimientos ambientales adicionales. Al mismo tiempo, otras compañías como Ganfeng fueron rechazadas por razones formales, pero sin evaluación de sus impactos ecosistémicos.
Las principales operadoras de litio en la provincia —como Zijin Mining, Livent (hoy fusionada como Arcadium Lithium), Posco y Galan— forman parte de cadenas globales de valor financiadas por actores clave del capital internacional. El informe identifica que estas empresas reciben financiamiento o están asociadas con fondos como BlackRock, UBS y Capital Group, o con bancos como JPMorgan Chase. Estos actores financieros promueven compromisos ambientales en los países del norte, pero carecen de obligaciones vinculantes que garanticen estándares similares en los territorios que explotan.
En el plano territorial, esta arquitectura financiera se traduce en una operación con acceso privilegiado a tierras fiscales, permisos hídricos y recursos estratégicos, sin mecanismos sólidos de fiscalización. El informe señala que los costos de producción por evaporación se ubican entre 5.000 y 6.000 dólares por tonelada de carbonato de litio equivalente, muy por debajo de los precios internacionales de venta, lo que garantiza márgenes de rentabilidad incluso en contextos de caída de precios. Aun así, no se promueven inversiones en tecnologías más eficientes o menos contaminantes.
La presión sobre las fuentes de agua es creciente. En proyectos como Tres Quebradas, operado por Zijin en Fiambalá, se extrae agua de zonas de extrema fragilidad ecológica sin datos públicos actualizados sobre el estado de las cuencas. La intervención sobre humedales altoandinos, vegas y salares genera impactos directos en la biodiversidad y los modos de vida locales, y contribuye a la crisis climática global al liberar carbono acumulado en estos ecosistemas.
El informe concluye que no existen herramientas eficaces para vincular la producción de litio con políticas de mitigación climática. El financiamiento circula sin condicionamientos socioambientales, y las decisiones se toman con base en proyecciones de mercado. La narrativa de la transición energética funciona así como un mecanismo discursivo que justifica el avance de una lógica extractiva y colonial: extraer recursos del sur para sostener modelos de consumo insostenibles en el norte.
Esta evidencia refuerza que el eje estructurante del modelo no es la sostenibilidad, sino la rentabilidad. La lógica financiera que guía las inversiones no está orientada a resolver la crisis climática, sino a capitalizarla. Mientras tanto, los gobiernos, urgidos por divisas, terminan habilitando un esquema que profundiza las desigualdades y multiplica los riesgos socioecológicos.
No hay transición energética sin justicia climática
Defender los humedales andinos es más que una demanda ambiental. Es un acto de justicia social, de resguardo de la memoria y de defensa del futuro. Es cuidar territorios donde habita la vida, la cultura, el saber ancestral. Es rechazar un modelo que sacrifica comunidades rurales, campesinas e indígenas para sostener privilegios energéticos ajenos. Es poner el cuerpo para que no lo pongan siempre las mismas personas.
La crisis climática no se resuelve con más extractivismo. No se combate profundizando los mismos errores. Se enfrenta protegiendo los ecosistemas que todavía nos cuidan: vegas, bofedales, salares, montañas, ríos. Se combate defendiendo el agua y el suelo como tejidos vivos, no como meros recursos explotables.
Las empresas que operan en Catamarca —y quienes las financian— no están enfrentando la crisis climática. Están haciendo negocios. Y la llamada “transición energética” se convierte en excusa para profundizar el saqueo. La justicia climática exige otra lógica: que priorice los territorios, no los mercados; la vida, no las ganancias.
Hoy, frente al avance de proyectos sin control, decimos con claridad: el agua vale más que el litio. Porque sin agua no hay salud, ni comunidad, ni futuro. Y sin justicia para estos territorios, no habrá solución real a la crisis climática.
Foto: Julio Carrizo