El 25 de noviembre de 2025, la Corte de Justicia de Catamarca falló a favor de una acción de amparo presentada en defensa de la Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano y ordenó al Gobierno provincial que entregue, en un plazo de 10 días hábiles, toda la información ambiental que venía ocultando sobre el Río Los Patos y el Río Trapiche en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra.
La sentencia es clara: El Estado no cumple con la ley y ocultó información pública ambiental. Se trata de un fallo muy importante porque confirma, con respaldo judicial y una vez más, algo que las comunidades vienen denunciando hace años: el Gobierno solo protege a las empresas mineras y oculta información sobre el uso del agua.
Qué información se pidió y por qué
A comienzos de este año se hizo un pedido formal de acceso a la información pública ambiental al Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de Catamarca. Se solicitó algo básico y fundamental:
El listado completo de todas las autorizaciones vigentes sobre el Río Los Patos y el Río Trapiche, el contenido de cada una de esas autorizaciones y los estudios técnicos de respaldo y de control sobre el uso del agua.
Se pidió saber qué empresas están usando el agua, con qué permisos y bajo qué controles. El Estado tenía un plazo legal para responder: no respondió. Se presentó otro escrito solicitando una respuesta urgente: tampoco respondió. Frente a ese silencio sistemático, se presentó una acción judicial.
El Gobierno entregó información, pero escondió la más grave
Cuando la causa ya estaba en marcha en la Corte, el Ministerio de Agua finalmente envió una respuesta. Pero lo hizo de manera incompleta, desordenada y ocultando información clave: El Gobierno ocultó una autorización excepcional vigente del proyecto Fénix sobre el Río Los Patos.
Esa autorización existe. El propio Estado ya la había reconocido en otro expediente judicial. Sin embargo, no la incluyó en el listado oficial, no entregó los estudios que la respaldan ni explicó cómo se controla ese uso del agua. Esto quiere decir que el principal proyecto del Salar del Hombre Muerto estaba usando el río con una autorización que el Gobierno decidió esconder.
Además, en todos los proyectos mineros instalados en el Salar del Hombre Muerto, donde actualmente hay más de diez empresas solicitando permiso para la extracción de agua dulce y salada -ante el pedido de información realizado- solo informaron números de resoluciones sin entregar los documentos completos y nunca entregaron los estudios técnicos de control del agua.
Esto no es un error administrativo. Es un ocultamiento deliberado de información ambiental.
Un nuevo fallo contundente
Frente a esta situación, la Justicia resolvió: darle la razón a la comunidad, reconocer que el Estado violó la ley de acceso a la información ambiental, ordenar que el Ministerio entregue toda la información completa en 10 días hábiles y condenar al Gobierno a pagar los gastos administrativos del proceso.
La sentencia deja algo muy claro: el Estado sigue actuando al margen de la ley.
Mientras tanto, las mineras siguen operando
Mientras el Gobierno demoraba, ocultaba y entregaba información incompleta, el proyecto Fénix sigue funcionando sobre el Río Los Patos y el Río Trapiche. El proyecto Sal de Vida también continúa operando sobre el Río Los Patos. Esto quiere decir que las empresas siguen usando el agua, mientras el Estado impide que la comunidad sepa en qué condiciones lo están haciendo, aun cuando las consecuencias del uso indiscriminado y sin controles ya están a la vista en el Salar, con más de seis kilómetros de la Vega del Río Trapiche completamente seca.
Agua en crisis
Este fallo llega en un contexto de emergencia por el agua. En Catamarca hay crisis hídrica declarada, riego restringido, barrios enteros con problemas graves de acceso al agua potable, napas en retroceso, ríos turbios y secos, vertientes irrecuperables, y salares -humedales- amenazados.
En la Villa de Antofagasta, incluso, los cortes son regulares y muchas veces solo tienen acceso al agua potable cuando llega en camiones, mientras en el Salar los proyectos mineros continúan extrayendo agua de manera constante. En este escenario, ocultar información sobre quién usa el agua, cómo la usa y bajo qué controles lo hace, es de una gravedad extrema.
No es un hecho aislado: es una forma de gobernar
Este fallo no es una excepción. Es parte de una forma de gobernar donde:
- Se restringe el acceso a la información.
- Se protege a las empresas.
- Se deja sin herramientas a los pueblos y las comunidades.
- Y se pone en riesgo un bien esencial para la vida como el agua.
El agua no es un secreto: es un derecho
Este fallo vuelve a marcar algo fundamental: sin información no hay control, sin control no hay límites, y sin límites la crisis por el agua nos afecta solo a nosotros, a las comunidades, a los pueblos y a los barrios, nunca a las empresas.
Sostenemos que el acceso a la información ambiental no es un favor del Estado, es nuestro derecho. La Corte de Justicia de Catamarca obligó al Gobierno a cumplir la ley. Ahora, la comunidad espera que la información aparezca completa, sin trampas ni ocultamientos. Porque el agua no se negocia. Se defiende.